3500 Empleos Eliminados Por un Extorsionador. El Caso Tía María.

3500 Empleos Eliminados  Por un Extorsionador. El Caso Tía María.

Por Jeffrey M. Kihien

Crear empleo es una actividad compleja, mucho más complejo y difícil es hacer que el empleo se desarrolle por un largo periodo de tiempo. Para que esto ocurra es necesario balancear los diferentes variables del mercado y del proceso productivo. Precio, demanda, mano de obra, costos, impuestos, siendo el más importante la seguridad jurídica.

En el año 1994 la empresa Southern Peru Copper Corporation (SPCC) inicio la etapa de exploración del yacimiento de cobre de Tía María. La etapa de exploración concluyó en el año 2010 llegándo a la conclusión que la mina era comercialmente viable, en parte al precio del cobre en esos años. Inmediatamente se iniciaron el estudio de impacto ambiental, que demoró tres años en emitirse al mismo tiempo que la empresa informaba a la población de Tambo y Cocachacra sobre los beneficios que la apertura traería a su comunidad y sobretodo el tipo de tecnología que anularía o mitigaría el impacto ambiental  al Valle de Tambo.

Para empezar se descartó el uso de aguas del rio Tambo. El proyecto considera extraer agua del mar y desalinizarla por osmosis, esta agua será utilizada para el lavado del mineral. Por otro lado, la mina está ubicada en una zona desértica en donde no se desarrolla agricultura, por ese motivo no se afectaban áreas de cultivo. El efecto económico para el valle de Tambo y los poblados aledaños tendría que ser positivo y de desarrollo. Por un lado los productores agrícolas podrían vender productos directamente a los trabajadores de la mina, o abastecer al circuito comercial que se desarrolla a su alrededor.

Todo iba bien, la población contenta. Cocachacra, Mollendo, Matarani, Moquegua y Arequipa se preparaban para los tres mil quinientos  empleos que la mina crearía y los mil cuatrocientos millones de dólares de inversión directa en la región. Los pequeños empresarios se preparaban para vender servicios a la mina. Se construyeron hostales, los propietarios invirtieron en construir habitaciones y departamentos para atender la demanda de vivienda que venía. Todo estaba listo, pues después de veinte años de inversión y exploración, en donde la empresa minera había cumplido estrictamente con la ley peruana, nada podía salir mal, nada podía desviar el desarrollo del proyecto y el progreso individual de por lo menos tres mil quinientos peruanos y sus familias que accederían a un empleo.

El 22 de abril del 2015 la región Arequipa anunció un paro en contra del proyecto minero Tía María. Los dirigentes directamente apuntaron a que el proyecto se cancelase aduciendo daño ambiental irreparable, a pesar de que el estudio de impacto ambiental había sido aprobado. Los enfrentamientos  entre la policía y un grupo violento que se autodenominaba los Espartambos ocasionaron varios muertos, obligando al gobierno a declarar el estado de emergencia y enviar al ejército, al mismo tiempo que la SPCC decidía unilateralmente dar una tregua al inicio de las obras. Tres mil quinientas personas vieron  sus planes de empleo postergadas.

En Mayo de 2015 son difundidos por los medios de prensa y redes sociales el audio de una conversación telefónica entre el Presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutierrez y un abogado que supuestamente representaba a la SPCC (https://youtu.be/5lrN1xsWLBs) , muy suelto y directo el Sr. Gutierrez explica cómo se financia el violento paro y ofrece sus servicios para detenerlo a cambio de una coima de un millón y medio de dólares, dinero que sería repartido, según él, con los alcaldes de Cocachacra e Islay. Al mismo tiempo que solicita y compromete a la SPCC a que done dinero para obras.

Pepe Julio Gutierrez está detenido y acusado de extorsión. Él es el culpable de la violencia en el paro que él organizó  para sacar provecho personal. Su objetivo, tal cual el audio lo demuestra es extorsionar a la  SPCC. Lo más interesante es que a pesar de haberse comprobado que el paro no era ambientalista sino más bien extorsionista, el proyecto sigue paralizado, y el gobierno y los políticos no tienen el liderazgo para hacer que la ley se cumpla a cabalidad.

Un extorsionador en Perú puede contratar treinta personas para que asusten a la población y ataquen a la policía, y luego pedir dinero para suprimir la violencia que él creo.  Mientras tanto tres mil quinientas personas y sus familias no tienen empleo.

Más interesante aun, es que el Señor Pepe Julio Gutierrez, conocido también como Pepe Julio “lentejas” (en los audios llama lentejas a los dólares) no se ha disculpado públicamente. No reconoce culpa alguna por los daños que directamente a ocasionado ni tampoco por las personas fallecidas, ni tampoco se disculpa por los sobornos que solicitó, y algunos políticos peruanos no lo juzgan ni le dan la espalda, mientras que al ciudadano que comete un error en su vida privada, se disculpa y renuncia a un cargo público es vilipendiado. Esos políticos no sirven.